Las múltiples crisis de los últimos años han mermado los derechos de los trabajadores en todo el mundo, según recoge el Índice Global de los Derechos de la CSI
El Índice Global de los Derechos de la CSI concluye que los aspectos de las múltiples crisis que asolan el mundo están repercutiendo gravemente en los derechos de las personas trabajadoras.
Los niveles históricos de desigualdad, la emergencia climática, la pérdida de vidas y medios de subsistencia a raíz de la pandemia, y el impacto devastador de los conflictos son las principales crisis a las que tienen que hacer frente los trabajadores en el mundo.
El Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recopila los datos clave de las violaciones a los derechos de los trabajadores. En este 2022, se aprecia un aumento sin precedentes en los ataques a la libertad de expresión y de reunión. Han pasado del 26 % de los países en 2014 al 41 % de los países en 2022.
USO, junto con la CSI, reclama la construcción de un nuevo contrato social con empleos, derechos, protección social, salarios justos, igualdad e inclusión. Es el modo de reconstruir la confianza perdida en el mundo por culpa de gobiernos represivos y empresas abusivas.
Las violaciones de los derechos de los trabajadores aumentan
La novena edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica 148 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores. Este examen exhaustivo de los derechos, según el cumplimiento normativo de cada país, que realiza la Confederación Sindical Internacional es la única base de datos que existe de este tipo.
El Índice Global de Derechos realiza un seguimiento a los elementos clave que enmarcan la democracia en el lugar de trabajo, incluyendo el derecho a establecer y afiliarse a sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, así como la libertad de expresión y reunión, símbolo de una democracia sana.
Indicadores clave del Índice Global de Derechos
Los indicadores clave de las violaciones de los derechos de los trabajadores han alcanzado niveles sin precedentes, que se pueden resumir en las siguientes conclusiones:
- Aumenta el número de países en los que se excluye a los trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato. Se ha pasado de 106 en 2021 a 113. Se ha excluido a trabajadores/as de una representación en el lugar de trabajo en Afganistán, Burkina Faso, Myanmar, Siria y Túnez.
- En el 77% de los países se ha denegado a los trabajadores el derecho a establecer o afiliarse a un sindicato.
- Las autoridades en el 74% de los países han impedido el registro de sindicatos, frente al 59% el año anterior, y el Estado ha reprimido las actividades de sindicatos independientes en in Afganistán, Bielorrusia, Egipto, Jordania, Hong Kong, Myanmar y Sudán.
- En 50 países trabajadores/as se vieron expuestos a violencia física, frente a 45 países en 2021; incluyendo un incremento del 35% al 43% entre los países de la región de Asia-Pacífico y del 12% al 26% en Europa.
- En el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. En Bielorrusia Egipto, Filipinas, India, Myanmar y Sudán fueron reprimidas huelgas de forma violenta o arrestando a líderes sindicales.
- Cuatro de cada cinco países bloquearon la negociación colectiva. Este derecho está siendo erosionado tanto en el sector público como en el privado, en todas las regiones. En Túnez, no se puede emprender ninguna negociación con sindicatos sin la autorización expresa del Jefe del Gobierno.
Los peores países para las personas trabajadoras
- Las peores regiones del mundo en términos de derechos de los trabajadores son Oriente Medio y el Norte de África. Libia, Palestina, Siria y Yemen siguen afectados por conflictos, vulnerándose derechos y libertades fundamentales. En los países del Golfo, la situación de los trabajadores migrantes que son la mayoría de la mano de obra, siguen exponiéndose a graves abusos de los derechos humanos; especialmente en los Emiratos Árabes Unidos. En Túnez, la democracia se ha visto severamente recortada y las libertades civiles amenazadas, cuando el presidente Kaïs Saied disolvió el Parlamento asumiendo todo el poder.
- Los diez peores países para la gente trabajadora son Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Myanmar y Turquía, además de Eswatini y Guatemala que se incorporan también a la lista en 2022.
- La clasificación de El Salvador, Níger y Arabia Saudita ha mejorado, mientras que empeoró para Armenia, Afganistán, Australia, Burkina Faso, Guinea, Jamaica, Lesoto, Países Bajos, Túnez y Uruguay.
- Asesinaron a sindicalistas en 13 países; en el 41% de los países se denegó o limitó la libertad de expresión y de reunión; se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 68 países; y en el 66% de los países se denegó a los trabajadores/as acceso a la justicia, implicando un incremento del 76% al 95% de los países en África.
Un nuevo contrato social
Estos datos demuestran que se está produciendo un desmantelamiento sistemático de los pilares de la libertad y de la democracia. Los derechos de los trabajadores y la democracia sufren constantes ataques en el lugar de trabajo, mediante la aplicación de restricciones al derecho de huelga y a la libertad de expresión y de reunión.
Esto coincide con un contexto en el que las situaciones de conflicto están en su punto más álgido desde 1945. Según la ONU, alrededor de 2.000 millones de personas viven en zonas de conflicto. En 2021, 84 millones de personas se vieron obligadas a abandonar su hogar debido a los conflictos, a la violencia y a las violaciones de Derechos Humanos.
El Índice de 2022 demuestra que el actual modelo económico menosprecia los Derechos Humanos y las normas ambientales, con una tendencia de propagación por cada vez más países. Los primeros en sufrir las consecuencias de las guerras, los gobiernos autoritarios, la explotación en el lugar de trabajo y la inacción con respecto al cambio climático son los trabajadores. Y los sindicatos, los que se sitúan en primera línea a la hora de reclamar justicia, derechos y representación.
USO, junto con la CSI, reclama la construcción por parte de los gobiernos de un nuevo contrato social: con empleo, salarios, derechos, protección social, igualdad e inclusión. Los sindicatos deben estar en el centro de la economía. Sin ellos, no tendrá lugar una transición justa de cara al cambio climático y a los cambios tecnológicos.
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